El daño de Grupo México al Río Sonora brinca a la SCJN; un juez ordena analizar el agua

Por Shaila Rosagel octubre 22, 2015 - 17:53h 2 Comentarios

En febrero de este año pobladores interpusieron cinco juicios de amparo en contra de distintas dependencias del Gobierno federal y de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, debido a múltiples irregularidades cometidas.

Benjamin Cokelet, de la organización Poder, Francisca García, pobladora e integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora y Luis Miguel Cano, abogado de Poder, durante la conferencia de este día. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México a 22 de octubre (SinEmbargo).– Los habitantes del Río Sonora que interpusieron hasta hoy siete amparos en contra de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, y autoridades como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en agosto de 2014, obtuvieron dos victorias legales en los últimos días.

Luis Miguel Cano, abogado del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), anunció que el Juez Primero de Distrito de Sonora ordenó a la Conagua a realizar estudios sobre la potabilidad del agua para consumo humano. Dichos estudios se realizarán extrayendo el líquido de los pozos que se alimentan del Río Bacanuchi y Sonora.

El segundo avance obtenido por los pobladores del Río Sonora es la llegada del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinará si Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, se puede considerar autoridad y por lo tanto, violatoria de los derechos humanos de los habitantes de los siete municipios afectados por el derrame.

El caso está a consideración de la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán en la Segunda Sala de la Suprema Corte por interés y trascedencia.

“El precedente que pueda fijar la Suprema Corte potencialmente podría impactar todo asunto que se cuestione si ciertas empresas son responsables de violaciones a los derechos humanos”, explicó el abogado.

Fuente: http://www.sinembargo.mx