El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión.
Foto: Reforma
Los líderes indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz defendieron el agua de su comunidad de las arbitrariedades de un grupo caciquil, pero se les fabricó un delito por el que estuvieron presos tres años
Ciudad de México.- José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no sonríen, pero tampoco se quejan.
Es como si en el momento les cayeran encima los casi tres años pasados en la cárcel por un delito fabricado. Aún no asimilan estar libres, luego de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia así lo determinó.
"Yo sentía muy feo, tuve mucho sufrimiento, unos 15 días estuvimos en observación, las celdas, no pude dormir, completamente desesperado estuve yo, sentía un dolor muy fuerte, aparte de familia", expresa José Ramón.
"Yo en la cárcel sentí difícil porque nosotros, yo siento que mi familia estén tristes, se preocupan por nosotros", complementa Pascual.
Ambos hombres hablan pausado, articulando con dificultad las frases que les permiten sus limitados conocimientos del español, pues su lengua natal es el náhuatl. Esa circunstancia fue precisamente la que les impidió defenderse ante las autoridades.
A 15 horas de haber salido del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, afirman que en su corazón sólo existe disposición para perdonar a quienes los acusaron falsamente del delito de robo de vehículo.
Su historia, al igual que la de otros indígenas encarcelados tiene el denominador común de la discriminación por la pobreza y el origen étnico.
Ambos son originarios de la comunidad de Atla del municipio de Pahuatlán, Puebla, donde históricamente existe un conflicto por el acceso al agua.
Sólo algunos de los 2 mil 172 habitantes cuentan con este derecho pues el suministro es controlado por un grupo caciquil que exigen cuotas de hasta 5 mil pesos o 40 días de faenas no remuneradas.
En aras de conseguir el líquido, algunos pobladores se abastecen con cubetas o líneas de mangueras desde manantiales cercanos. Para impedirlo, el grupo caciquil contamina el agua con animales muertos y basura o corta las líneas de suministro.
Ante la ausencia de las autoridades la problemática ha escalado al punto de presentarse enfrentamientos campales y homicidios.
En mayo de 2008, los habitantes de Atla eligieron a José Ramón, de 64 años y padre de ocho hijos, como presidente auxiliar, y a Pascual, de 48 años y con seis hijos, como juez menor de paz.
Los hombres convocaron a una asamblea y renovaron el Comité del Agua, cuyos nuevos miembros hicieron suyo un proyecto auspiciado por el municipio para beneficiar gratuitamente a toda la población con el líquido.
El 22 de octubre de 2009 un incidente cambiaría la vida de los dirigentes comunitarios.
En esa fecha fueron embestidos por el vehículo que conducía Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio Domínguez, señalado como integrante del grupo caciquil. El responsable escapó y abandonó el vehículo con las llaves puestas.
El comandante de policía Carmelo Castillo Martínez llegó al lugar de los hechos, tomó nota del abandono y trasladó la unidad al corralón municipal. A pesar de que José Ramón y Pascual perdonaron a Cristóbal, 10 días después éste interpuso una denuncia penal por robo de vehículo con violencia.
El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos por ese ilícito y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión. El Tribunal Superior de Justicia del estado confirmó la responsabilidad, pero modificó el castigo a 6 años, 10 mes y 20 días de prisión.
Castillo fue detenido en 2011, acusándolo de cómplice, y recuperó su libertad el pasado 23 de noviembre.
El caso de los activistas fue llevado ante la Corte luego de que la defensa alegó que las acusaciones eran falsas y no existían pruebas para sostenerlas, además de que jamás se les proporcionó un intérprete. La primera sala ordenó ponerlos en libertad.
"No es tolerable que en un país como México sigamos asistiendo al uso del sistema de justicia penal para encarcelar y reprimir las demandas legítimas de la población", reprochó ayer Daniel Zapico, de Amnistía Internacional.
"La respuesta es muy sencilla, en una palabra: corrupción. Eso fue lo que sucedió en el caso de ellos, no se necesita tener un gran puesto de poder, sino una cifra considerable de dinero, unos 20 o 30 mil pesos para que el Ministerio Público inicie una averiguación previa por un delito inexistente y luego al juez darle otro tanto", expresó Araceli Olivo, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
El miércoles a las 18:00 horas terminó el encierro para José Ramón y Pascual. Fueron recibidos afuera del por sus esposas Brígida Cruz y Salustia Aparicio, quienes los acompañaron ayer en la rueda de prensa que ofrecieron.
Ahora volverán a su casa donde los espera una fiesta en la comunidad.
Pero el conflicto del agua continúa sin solucionarse.
"Sabemos que las personas nos echaron en la cárcel, nos difamaron, pero yo siento en mi corazón que aunque estuvimos tres años encarcelados, desesperados, pensativos, preocupadísimos por nuestras familias por mi parte siento en mi corazón que yo los perdono, no quiero venganzas, no quiero a ellos con enemigos", dice con franqueza José Ramón.
"No es bueno hacer una venganza, nosotros somos personas inocentes y por eso no vamos a hacer eso", agrega Pascual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario