Guillermo Luévano Bustamante
El agua es un derecho humano, por supuesto. Pero desde hace unos años las compañías refresqueras promueven su comercialización, como si fuera una mercancía, frente a la inacción de las autoridades en proveerla de calidad suficiente para ser bebida. Todavía hace unos años se recomendaba hervirla, se le desinfectaba, o se bebía directo de la llave. A partir de esta generación se la consume casi de forma exclusiva sólo cuando viene embotellada. Desde que se convirtió en negocio se intensificó la exclusión de quienes no acceden a ella por servicio público.
En San Luis Potosí el ayuntamiento de la capital instala embotelladoras que ofrecen agua en garrafones de forma gratuita a la ciudadanía. La medida me parece necesaria frente a la primaria necesidad que tenemos de agua para beber. Parece una excepción frente a las políticas de despojo y desabasto, frente a la desatención de los gobiernos sobre los requerimientos inmediatos de la gente. Y no tendría que ser así, el agua de calidad para ser bebida tendría que estar asegurada para todas las personas, sin que hubiera de por medio un proyecto electoral ni un fin partidista, pero no es así.
Este diario publicó ayer una nota de Jaime Nava donde exhibe además que la alcaldía de San Luis Potosí compra a un sobreprecio el servicio de instalación de embotelladoras, que se suma a los señalamientos sobre prácticas indebidas entre el gobierno municipal y otras proveedurías de servicios básicos. Antes las medicinas, ahora el agua para beber. En ambos casos se trata de bienes necesarios, que por ello pareciera que su adquisición puede hacerse a toda costa, o como dijera la diputada Graciela Gaitán, justificando el turbio proceso para ofrecer el agua embotellada: las “purificadoras ayudan a la gente, sea como se hayan hecho”, parafraseando al clásico “haiga sido, como haiga sido”. Y no.
El problema es que se utilizan recursos públicos para favorecer a proveedores favoritos, que se recurre a un argumento sobre la nobleza de los fines para justificar los peores medios de aseguramiento de los servicios, que los opacos procesos hacen presumir corrupción, que el ayuntamiento se acoge a una política de necesidad para fraguar negocios –propios o ajenos– y que no permiten clarificarlos porque evaden la rendición de cuentas y la transparencia.
El alcalde Ricardo Gallardo respondió apenas a los empresarios del agua embotellada que acudieron a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco -Servytur) sobre su reclamo de que el servicio gratuito afectaría sus ventas de agua en garrafón (¿?), diciéndoles que procuraría instalar los despachos gratuitos del agua lejos de los particulares. Pero no responde a la ciudadanía que le requiere transparentar los procesos de adquisición de servicios y eso que, según la información de ayer en La Jornada San Luis, el del agua embotellada ni siquiera fue licitado conforme a la Ley de Adquisiciones del Estado.
Apenas en marzo de 2016 se revivió en la prensa local que el agua que se distribuye en San Luis Potosí presenta altos niveles de metales que exceden los permitidos para consumo humano, según un estudio del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso por un lado, agua entubada contaminada; por el otro lado agua en garrafones cuyo proceso de obtención y entrega es aún más de turbio que el líquido de los pozos potosinos.
@guillerluevano
Fuente: http://lajornadasanluis.com.mx
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