El desarrollo de la energía hidroeléctrica y de abasto de agua por construcción de presas en México, ha dado a unos cuantos lucrativas ganancias, a costa de la pérdida de vidas, tierras y modos de sustento
México. La construcción de presas para el abasto de agua y el desarrollo de la industria hidroeléctrica en México genera millonarias ganancias para unos cuantos y deja en la miseria, sin tierras de cultivo ni vivienda digna a los habitantes originarios de las tierras donde se construyen este tipo de desarrollos.
A continuación se presentan los casos de las presas El Cajón, La Yesca, Tres Cruces y Aguamilpa, en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas privadas prometieron un “cambio de vida” a los pobladores, los despojaron de sus tierras, construyeron presas y luego faltaron impunemente a su palabra, violando toda clase de leyes nacionales e internacionales.
Morir esperando
Cuando a la muerte física le sigue el olvido, entonces si se aniquila al otro, se borra toda huella que pueda aparecer como reclamo de justicia […] el olvido borra también la continuidad del tiempo, la conciencia de que sobre las ruinas de la injusticia del pasado siguen estando fundamentadas las injusticias del presente. Mondragón A.
Nayarit. Don Higinio falleció hace varios meses en la sierra. Él no fue enterrado en su pueblo, El Ciruelo, pues éste ya no existe, quedo bajo las aguas del río Santiago. Y se murió esperando el pago por sus árboles de ciruelo. Él, como todos los habitantes de su comunidad, sufrió el desplazamiento forzoso por la presa hidroeléctrica El Cajón, construida en el estado de Nayarit e inaugurada por Vicente Fox un día antes de abandonar la presidencia de la República.
Morir esperando es algo usual para los que viven el desplazamiento forzoso en México. Cuando estos proyectos hidráulicos llegan a las comunidades campesinas e indígenas, se llena a los habitantes de promesas e ilusiones: ¡Ustedes estarán mejor que antes! ¡Ahora el gobierno se acordó de ustedes! Y nunca faltan los animosos habitantes que dicen: “¡Vamos a salir de pobres!”
Pareciera que los impulsores de la CFE y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no tienen memoria, no recuerdan que no podemos hablar de un caso exitoso de desplazamiento y más bien de decenas de conflictos que quedan abiertos por década, oxidándose. Y, a veces, estos habitantes no sólo no reciben el resarcimiento monetario que se les prometió, sino que nuevamente reciben la amenaza de un proyecto.
Pero ¿cómo se puede pagar el territorio, o el daño psicosocial que las comunidades enfrentan no sólo después de la reubicación sino durante la construcción?
Guadalupe Lara, habitante de Arcediano, comunidad que estaba localizada en la barranca de Huentitán, vio cómo fue destruido su pueblo, así como el tejido social por parte de la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua (CEA) , las cuales pretendían construir la contaminados del país, en Guadalajara. Esta presa por ahora está suspendida y las autoridades de vez en cuando hacen declaraciones contradictorias: con bombo y platillo anuncian maravillas, y días más tarde se retractan. Pero, ¿quién le paga a ella estos años de dolor en un espacio donde el futuro no existe, pues la incertidumbre es lo que la acompaña diariamente?
El desarrollo de la energía hidroeléctrica y de abasto de agua por construcción de presas en México, ha dado a unos cuantos lucrativas ganancias, a costa de la pérdida de vidas, tierras y modos de sustento, mediante la violación de leyes nacionales e internacionales.
Las afectaciones no sólo incluyen la falta de vivienda digna y dotación de tierras, sino problemas de salud física y mental, la disminución de cultivos y alimentación, experiencias individual y colectiva de tensión, nervios, ansiedad, temor, depresión y tristeza profunda y duradera, así como problemas sociales, resultado de vivir en un clima de continuas sospechas, estigmatización y temor, y la pérdida de sitios sagrados y culturales, como cementerios y lugares de oración.
No existe ningún mecanismo que garantice los derechos de las personas afectadas, para que puedan presentar sus quejas o negociar por la ayuda prometida.
Es de vital importancia que se reconozcan y se aborden los errores históricos de los casos, para que nunca vuelvan a repetirse y promover procesos de reparación de daños, que vayan más allá de la compensación económica, es decir, deben reconocerse los abusos, proporcionarse los medios para reparar o restaurar los problemas asociados, incluyendo la mejora de los modos de sustento.
Pero, ¿dónde están los responsables directos e indirectos de la violación sistemática por proyectos hidráulicos en México? ¿Hay posibilidad de justicia para los pueblos que con base en un supuesto desarrollo se les excluye y mata?
La CONAGUA y la CFE no deberían promover otro proyecto sin antes pagar a todas las comunidades que han sido afectadas realizando procesos de resarcimiento, cerrar todos los casos que en México están sin resolver; y si han de promoverlos, tendría que ser respetando el marco jurídico internacional, el derecho a la consulta e informando libre y previamente a las comunidades, respetándolas si la decisión es negativa.
Hay otros actores en estos conflictos socio-ambientales, como las empresas constructoras. Estos agentes no-estatales deberían ser responsables también por sus políticas y prácticas. Las presas en nuestro país están manchadas de sangre y por ello será juzgado el Estado mexicano en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos en la mesa de devastación ambiental, promovido por el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos (MAPDER).
La preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos, impunidad” se realizará en Temacapulín, Jalisco el 5 y 6 de noviembre; y el 8 de noviembre se dará en Guadalajara el fallo del jurado y, finalmente, el 9 de noviembre en el Distrito Federal se entregará el fallo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta es una oportunidad histórica para poder juzgar a las autoridades involucradas en estos conflictos: presas de La Yesca, El Zapotillo y Arcediano, en Jalisco; El Cajón, en Nayarit; y Cerro de Oro, en Oaxaca-Veracruz. Además en el foro de denuncia se presentarán los casos de Picachos, Sinaloa y Aguamilpa, Nayarit.
Ya lo dijo el antropólogo Scott Robinson: “Las presas –hidroeléctricas e hidráulicas– son no sólo ejemplos de la imposición de una estrategia energética sui generis del Estado y sus socios, sino también se han convertido en símbolos de un modelo de desarrollo agresivo, extractivo y violador de derechos fundamentales de las comunidades, que junto a las minas, son hoy la cabeza de playa de un modelo extractivo de inversión pública y privada que despoja a los afectados a cambios de promesas, compensaciones y ‘reacomodos’ sin futuro”.
Presa La Yesca: llegaron, prometieron y se fueron
“Ya que él miró que no acepté lo que me ofrecía, entonces me dijo, ira Dima, cuida tu vida. Fue allí en la plaza de La Yesca donde me dijo, y entonces le dije yo, pues cuídala también tú porque yo peleo por lo mío ‘onde quiera que sea, y sí voy a seguir peleando”.
Testimonio de un afectado por la construcción de la presa
Jalisco y Nayarit. Hay muchos casos como éste en Hostotipaquillo, Magdalena, Tequila y la Yesca, municipios afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca en los estados de Jalisco y Nayarit. Roberto, de la cabecera municipal de Hostotipaquillo, recibió amenazas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que venda su casa y se construya una de las torres para el tendido eléctrico.
Cuando la Comisión llegó a Hostotipaquillo trajo una oleada de impunidad y promesas perdidas. Se realizaron reuniones entre los ayuntamientos que serían afectados y las secretarías estatales y federales pertinentes, lo que culminó en un documento (PHY-RS-CCS-09/08) donde la CFE prometía al menos 18 obras de compensación; solamente cinco habían sido cumplidas para diciembre de 2009, cuando se tomó la presa.
La CFE y el Proyecto Hidroeléctrico La Yesca llevaron a esa región promesas incumplidas, confusión, hostigamiento, intranquilidad y despojo de la propiedad, de la tierra y el agua. “Nos ilusionaron y ahora vemos que son la ‘comisión del engaño’. Estábamos alborotados como las novias, y a la hora de la hora fueron puras palabras. A los poquitos que les dieron trabajo les pagan mil 300 pesos diarios por 14 horas. Ahora pensamos que si no nos cumplen, que nos dejen las tierras como estaban, porque ya no vamos a tener a donde llevar el ganado”, señaló en El Informado Marcelo Rojas, de la cabecera municipal.
En aquel diciembre, 300 pobladores de los ejidos Llano de Los Vela, Sayulimita, El Guayabo, La Mesa del Corredor, El Paso de la Yesca y Hostotipaquillo –con presencia de gente del municipio El Salvador y de algunos ejidos del municipio de Tequila, acompañados por el entonces presidente municipal priista de Hosto, Hugo Moreno Miramontes (PRI) y del panista diputado federal Ignacio Téllez (PAN)- obstruyeron la construcción de la macro hidroeléctrica de 220.5 metros, puesto que la mayoría de los acuerdos no habían sido cumplidos.
Luego de un diálogo, la construcción de la obra se liberó, y los diputados y alcaldes desaparecieron con el bloqueo. El Ejido Llano de los Vela recibió como respuesta, un año después, un decreto de expropiación de sus tierras; se les pagó menos de la mitad de lo que pedían y no se tomaron en cuenta los bienes distintos a la tierra.
La CFE prometió capacitación, equipo, permisos y asesoría para la formación de cooperativas de pesca. Para 2010, 14 cooperativas de pesca denunciaron que la capacitación y organización gratuita de las cooperativas se daría únicamente si los pescadores accedían, por contrato, a vender su producto a quien la CFE designara. También denunciaron que estas cooperativas no fueron contempladas dentro de las que sí podrían pescar en el embalse, según designios de la Universidad Autónoma de Nayarit y la CFE.
La central hidroeléctrica de La Yesca fue construida por un consorcio donde está Grupo ICA, La Peninsular y Advisa; en un principio se cotizó en 800 millones de dólares, lo que se incrementó en 550 millones, y aumenta.
La falla geológica llamada Colapso, en el cañón del Río Santiago -que se une a las fallas Colapso 1 y Colapso 2- provocó que la cortina de la presa se moviera, en abril de 2008. Además, la montaña sufrió un “descopete” porque las fallas provocaron que cada día la cima de la montaña se girara aproximadamente 2 centímetros –tan solo mover esa punta del cerro costó poco más de 50 millones de dólares-, como se mencionó en El Universal.
Otro problema es relativo a la salud. Adriana Pérez, del centro de salud, declaró en 2009 que “se me acaban las fichas porque la población de Hostotipaquillo aumentó de 10 mil a 15 mil habitantes con los empleados de la CFE, además de que los contagios por papiloma humano y sífilis se incrementaron hasta 20 por ciento”.
Presa Las Cruces: destrucción de biodiversidad y lugares sagrados
Durango. En el cauce del río San Pedro-Mezquital, en Durango, se encuentran Muxatena y Piedra Blanca, lugares que tal vez a la CFE no le signifiquen nada pero para el pueblo náyeri (cora) son lugares sagrados que les significan mucho más de lo que podremos entender. También están San Juan Corapan y San Blasito, poblaciones que serían directamente afectadas.
La desembocadura del río San Pedro alimenta con sedimento y agua dulce a las Marismas Nacionales, de importancia internacional por su biodiversidad y aporte para la pesca. Es en este río, sostén económico y cultural de miles de personas náyeri, wixaritari y mestizos, campesinos y pescadores, donde la CFE pretende construir la presa Tres Cruces, una más en el sistema hidrológico Santiago.
Esta construcción desplazaría forzosamente a poblaciones enteras, que con la sequía y la salinización del agua no encontrarían más sustento que la migración; lenta, dolorosa y progresivamente se destruirían las culturas y tradiciones de la sierra nayarita. Las voces de los afectados por la presa Aguamilpa –construida también sobre el cauce del río Santiago, en los años noventa- llegan a estas poblaciones, que temen que repitan aquí los efectos sociales, ambientales, económicos y culturales causados en aquella construcción. Pero ese temor lleva también organización y resistencia.
Ejidos y comunidades afectadas –de la costa y río arriba- no han sido consultados ni debidamente informados de los trabajos y proyecciones de la CFE sobre el río, lo que supone una clara violación a ley; además, el Consejo Indígena e Intercomunitario en defensa del último río libre del país está enterado del proyecto pero no tiene toda la información necesaria, que es obligación del Estado proporcionar.
Además de que no se han tomado en cuenta los tratados internacionales de la lista RAMSAR sobre Marismas Nacionales, la CFE, en su forma usual de actuar, obtuvo de forma irregular dos permisos de asambleas comunales y recurre a las amenazas y al engaño para obtener la anuencia de los habitantes de la zona sin proporcionar información adecuada sobre las afectaciones reales de la construcción.
Por ello, autoridades tradicionales coras, tepehuanos, mexicaneros y wixárikas del Nayarit, así como delegados y delegadas de los pueblos tzotzil, tseltal, chontal, maya quiché, mam, ch’ol, chatino, mixteco, afromexicano, mazateco, totonaca y nahua, y mestizos de diferentes estados, reafirmaron durante el Encuentro Nacional Intercultural del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) que “es social y políticamente injustificable e inaceptable la exclusión de la mayor parte de los habitantes de la cuenca del San Pedro, en la definición de los procesos de desarrollo de sus comunidades como es el caso del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, y los Consejos Indígenas e Intercomunitario declaramos nuestra rotunda oposición a este proyecto.
