La denominada "Ley Korenfeld" profundiza un modelo de gestión que ha demostrado ser insustentable, inequitativo y discriminatorio, aseguran activistas.
Nidia Marín / El Sol de México
Ciudad de México.- En México el derecho humano al agua anda por los suelos. A lo largo del territorio la problemática es severa. Sobre todo si es tomada en cuenta la precipitación media anual, cuyo volumen es de mil 532 millones de metros cúbicos, distribuidos en la república en forma muy dispareja.
Hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua, explica el INEGI. Las zonas centro y norte de México son, en su mayor parte, áridas o semiáridas: los estados norteños, por ejemplo, apenas reciben 25 por ciento de agua de lluvia. En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz de Ignacio de la Llave y Tabasco) es lo contrario, éstas reciben casi la mitad del agua de lluvia (49.6 por ciento) y en las del sur, también llueve mucho, no obstante, sus habitantes tienen menor acceso al vital líquido, pues no cuentan con los servicios básicos, como es agua entubada dentro de la vivienda.
El remate es que en el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 186 metros cúbicos por habitante); en caso contrario se ubica la frontera sur (más de 24 mil metros cúbicos por habitante).
Precisamente porque es un recurso renovable limitado, en el país abundan las agrupaciones que defienden el agua. Hacen bien porque, en México, por lo regular representa es la vida y en muchas ocasiones la mortaja durante los huracanes y las inundaciones.
Y al recordar a José Emilio Pacheco: "La gota es un modelo de concisión: / todo el universo / encerrado en un punto de agua. / La gota representa el diluvio y la sed. / Es el vasto Amazonas y el gran Océano. / La gota estuvo allí en el principio del mundo. / Es el espejo, el abismo, / la casa de la vida y la fluidez de la muerte".
Quizás por ello se presenta la encendida polémica por la aprobación en las Comisiones Unidas Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos, del proyecto de decreto de la Ley General de Aguas, de reciente carpetazo temporal en San Lázaro.
Una enorme ola contiene los comentarios adversos. Por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental advirtió sobre lo señalado en la iniciativa en la Cámara baja:
"...la dotación de 50 litros diarios por persona no satisface el criterio de protección más amplia a las personas, conforme al artículo 1 de la Constitución y a criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, ya que el estándar idóneo señalado por la Organización Mundial de Salud (OMS) -máxima autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas del cual México forma parte-, ha señalado que el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas corresponde a 100 litros diarios por persona. Tanto la exposición de motivos de la iniciativa como el dictamen aprobado omiten dar razones técnicas o científicas necesarias para poder justificar la dotación de los 50 litros propuestos".
* Unidos contra la "Ley Korenfeld"
Otra agrupación crítica es la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Expone, vía algunos de sus integrantes, que la propuesta de la denominada "Ley Korenfeld" profundiza un modelo de gestión que ha demostrado ser insustentable, inequitativo y discriminatorio.
A juicio de esta agrupación de organizaciones, la ley debe contemplar un modelo que conserve las fuentes para poder contar con agua suficiente y de calidad para la presente y futuras generaciones. "Esta ley hace lo contrario, permite contaminar ríos con químicos siempre y cuando "no rebasen la capacidad de asimilación" (artículo 142) pero los químicos no sólo se acumulan en el agua sino en suelo, ecosistemas y cuerpos humanos.
Y como "El Estado promoverá la participación voluntaria en esquemas de auditoría y evaluación en el sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la normatividad...", de acuerdo al artículo 39, señalan que si el concesionario contamina el agua, la mayor multa es de 3.5 millones de pesos (50 mil días de salario mínimo conforme al artículo 264) mientras que el costo de las recientes tragedias por la contaminación del Río Sonora se calculó en 20 mil millones de pesos.
Las autoridades municipales solo informarán sobre los peligros y daños de los químicos pero no prohíbe que sean vertidos en el drenaje municipal (artículo 78), ante lo cual recuerdan que las plantas de tratamiento, siempre y cuando funcionen, no están diseñadas para tratar dichos químicos.
Hay más desacuerdos. Afirman que la propuesta de ley también promueve concesiones de enormes obras hidráulicas que tienen un uso intensivo de energía, con lo cual se contribuye al calentamiento global (trasvases, pozos ultraprofundos y desalinadoras). Y recuerdan lo que define el artículo octavo: que los trasvases son de "utilidad pública" independientemente del uso que tenga el agua trasladada.
"La evidencia alrededor del mundo ha mostrado que trasferir agua de una cuenca a otra tiene importantes consecuencias ambientales y sociales, pero con esta ley se permitiría a concesionarios hacer trasvases para cualquier uso del agua", denuncian.
También se lanzan contra el "fracking". Dicen que no obstante las alertas internacionales sobre los fuertes impactos de dicha técnica tanto en la disminución de la disponibilidad del agua como en la contaminación irreversible de ésta, "la ley no prevé ninguna reglamentación especial, y dadas las declaraciones previas de Conagua, al agua para fracking se le consideraría un uso más dentro del uso industrial definido como "agua para la extracción, conservación o transformación de materias primas" (artículo 10, LIX)".
A su vez la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad asegura que la Ley 1. Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social como establecen el párrafo 12 de la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; y promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos mediante la práctica del trasvase del agua; amplía los márgenes para poder contaminar el agua; y restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo.
Por lo tanto exigen la apertura de "un debate público con especialistas y sociedad en ambas Cámaras para asegurar que la Ley que habrá de regir la gestión del agua en el país beneficie a la sociedad con una visión de uso y manejo del agua para el futuro inmediato y de largo plazo".
* Como se lleva la arena el río
El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 considera "sustantivo", recabar y sintetizar "la visión integral del Estado Mexicano y las conceptualizaciones de la sociedad en relación con el agua como un recurso escaso, estratégico y a la vez fundamental para respaldar el crecimiento económico y social, servir como motor para el desarrollo sustentable local, regional y nacional y de importancia vital para la seguridad nacional."
Precisa que para superar los grandes y complejos desafíos en materia de agua, "es primordial sumar voluntades, capacidades y recursos; así como cambiar la forma tradicional de relacionarnos con ella, es decir, no seguirla viendo como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es necesario administrar responsablemente".
Afirma que el Programa Nacional de Desarrollo 2014-2018 "recoge los esfuerzos y experiencias del Gobierno y la sociedad para alcanzar la gestión integrada de los recursos hídricos y simultáneamente, estructurar una fórmula de desarrollo hídrico compatible con las posiciones plurales que guardan las corrientes políticas, las percepciones y demandas sociales, las desigualdades de género y económicas, los desafíos ambientales y la necesidad de perfilar gradualmente un México nuevo, más justo, productivo, consciente y en mejor sintonía con el ambiente que lo rodea".
El agua, recuerda, toca todos los sectores de nuestro país y el mencionado programa sale al encuentro de respuestas a los problemas de inequidad de género interpretadas en relación con la realidad nacional y también responde a las reivindicaciones demandadas por grupos sociales marginados.
Con base en el instrumento de planificación contenido en el mencionado programa, dice, se habrán sentado las bases y avanzado en la consecución del cambio estructural profundo que requiere el sector agua mexicano. Se habrá establecido en forma y fondo el sector agua mexicano, articulado a través de mecanismos de transversalidad entre las dependencias, entidades, organismos e instituciones que en forma conjunta deberán integrar dicho sector.
Los elementos de política y administración necesarios para articular una provechosa relación de los tres órdenes de Gobierno en materia de agua ya estarán sentados a través de mecanismos idóneos tales como convenios, acuerdos, reglas de operación, programas especiales con incumbencia territorial determinada, proyectos y acciones específicas en dichas direcciones.
"Más aún, el sector agua mexicano habrá avanzado con éxito en el encuentro de oportunidades y sinergias con la sociedad mexicana bajo distintas directrices, con el propósito de avanzar en el mejoramiento de la gestión y protección de los recursos hídricos de la nación. En ese sentido, se estructurarán mecanismos que faciliten y potencien las relaciones con legisladores, academia, sector privado, organizaciones sociales, medios de comunicación y elementos de educación, comunicación y difusión que enriquezcan al sector en su encuentro de la excelencia en la gestión del agua y en el desarrollo sustentable con base en los recursos hídricos", puntualiza.
Pareciera, pues, que falta congruencia entre el plan y la iniciativa que se habrá de discutir a futuro.
Por lo tanto como cantaba Mercedes Sosa: "Es cosa triste ser río / Quien pudiera ser laguna... / Oír el silbo del junco / Cuando lo besa la luna". "Tu que puedes, vuélvete... / Me dijo el río llorando..."
Ciudad de México.- En México el derecho humano al agua anda por los suelos. A lo largo del territorio la problemática es severa. Sobre todo si es tomada en cuenta la precipitación media anual, cuyo volumen es de mil 532 millones de metros cúbicos, distribuidos en la república en forma muy dispareja.
Hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua, explica el INEGI. Las zonas centro y norte de México son, en su mayor parte, áridas o semiáridas: los estados norteños, por ejemplo, apenas reciben 25 por ciento de agua de lluvia. En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz de Ignacio de la Llave y Tabasco) es lo contrario, éstas reciben casi la mitad del agua de lluvia (49.6 por ciento) y en las del sur, también llueve mucho, no obstante, sus habitantes tienen menor acceso al vital líquido, pues no cuentan con los servicios básicos, como es agua entubada dentro de la vivienda.
El remate es que en el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 186 metros cúbicos por habitante); en caso contrario se ubica la frontera sur (más de 24 mil metros cúbicos por habitante).
Precisamente porque es un recurso renovable limitado, en el país abundan las agrupaciones que defienden el agua. Hacen bien porque, en México, por lo regular representa es la vida y en muchas ocasiones la mortaja durante los huracanes y las inundaciones.
Y al recordar a José Emilio Pacheco: "La gota es un modelo de concisión: / todo el universo / encerrado en un punto de agua. / La gota representa el diluvio y la sed. / Es el vasto Amazonas y el gran Océano. / La gota estuvo allí en el principio del mundo. / Es el espejo, el abismo, / la casa de la vida y la fluidez de la muerte".
Quizás por ello se presenta la encendida polémica por la aprobación en las Comisiones Unidas Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos, del proyecto de decreto de la Ley General de Aguas, de reciente carpetazo temporal en San Lázaro.
Una enorme ola contiene los comentarios adversos. Por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental advirtió sobre lo señalado en la iniciativa en la Cámara baja:
"...la dotación de 50 litros diarios por persona no satisface el criterio de protección más amplia a las personas, conforme al artículo 1 de la Constitución y a criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, ya que el estándar idóneo señalado por la Organización Mundial de Salud (OMS) -máxima autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas del cual México forma parte-, ha señalado que el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas corresponde a 100 litros diarios por persona. Tanto la exposición de motivos de la iniciativa como el dictamen aprobado omiten dar razones técnicas o científicas necesarias para poder justificar la dotación de los 50 litros propuestos".
* Unidos contra la "Ley Korenfeld"
Otra agrupación crítica es la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Expone, vía algunos de sus integrantes, que la propuesta de la denominada "Ley Korenfeld" profundiza un modelo de gestión que ha demostrado ser insustentable, inequitativo y discriminatorio.
A juicio de esta agrupación de organizaciones, la ley debe contemplar un modelo que conserve las fuentes para poder contar con agua suficiente y de calidad para la presente y futuras generaciones. "Esta ley hace lo contrario, permite contaminar ríos con químicos siempre y cuando "no rebasen la capacidad de asimilación" (artículo 142) pero los químicos no sólo se acumulan en el agua sino en suelo, ecosistemas y cuerpos humanos.
Y como "El Estado promoverá la participación voluntaria en esquemas de auditoría y evaluación en el sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la normatividad...", de acuerdo al artículo 39, señalan que si el concesionario contamina el agua, la mayor multa es de 3.5 millones de pesos (50 mil días de salario mínimo conforme al artículo 264) mientras que el costo de las recientes tragedias por la contaminación del Río Sonora se calculó en 20 mil millones de pesos.
Las autoridades municipales solo informarán sobre los peligros y daños de los químicos pero no prohíbe que sean vertidos en el drenaje municipal (artículo 78), ante lo cual recuerdan que las plantas de tratamiento, siempre y cuando funcionen, no están diseñadas para tratar dichos químicos.
Hay más desacuerdos. Afirman que la propuesta de ley también promueve concesiones de enormes obras hidráulicas que tienen un uso intensivo de energía, con lo cual se contribuye al calentamiento global (trasvases, pozos ultraprofundos y desalinadoras). Y recuerdan lo que define el artículo octavo: que los trasvases son de "utilidad pública" independientemente del uso que tenga el agua trasladada.
"La evidencia alrededor del mundo ha mostrado que trasferir agua de una cuenca a otra tiene importantes consecuencias ambientales y sociales, pero con esta ley se permitiría a concesionarios hacer trasvases para cualquier uso del agua", denuncian.
También se lanzan contra el "fracking". Dicen que no obstante las alertas internacionales sobre los fuertes impactos de dicha técnica tanto en la disminución de la disponibilidad del agua como en la contaminación irreversible de ésta, "la ley no prevé ninguna reglamentación especial, y dadas las declaraciones previas de Conagua, al agua para fracking se le consideraría un uso más dentro del uso industrial definido como "agua para la extracción, conservación o transformación de materias primas" (artículo 10, LIX)".
A su vez la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad asegura que la Ley 1. Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social como establecen el párrafo 12 de la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; y promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos mediante la práctica del trasvase del agua; amplía los márgenes para poder contaminar el agua; y restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo.
Por lo tanto exigen la apertura de "un debate público con especialistas y sociedad en ambas Cámaras para asegurar que la Ley que habrá de regir la gestión del agua en el país beneficie a la sociedad con una visión de uso y manejo del agua para el futuro inmediato y de largo plazo".
* Como se lleva la arena el río
El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 considera "sustantivo", recabar y sintetizar "la visión integral del Estado Mexicano y las conceptualizaciones de la sociedad en relación con el agua como un recurso escaso, estratégico y a la vez fundamental para respaldar el crecimiento económico y social, servir como motor para el desarrollo sustentable local, regional y nacional y de importancia vital para la seguridad nacional."
Precisa que para superar los grandes y complejos desafíos en materia de agua, "es primordial sumar voluntades, capacidades y recursos; así como cambiar la forma tradicional de relacionarnos con ella, es decir, no seguirla viendo como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es necesario administrar responsablemente".
Afirma que el Programa Nacional de Desarrollo 2014-2018 "recoge los esfuerzos y experiencias del Gobierno y la sociedad para alcanzar la gestión integrada de los recursos hídricos y simultáneamente, estructurar una fórmula de desarrollo hídrico compatible con las posiciones plurales que guardan las corrientes políticas, las percepciones y demandas sociales, las desigualdades de género y económicas, los desafíos ambientales y la necesidad de perfilar gradualmente un México nuevo, más justo, productivo, consciente y en mejor sintonía con el ambiente que lo rodea".
El agua, recuerda, toca todos los sectores de nuestro país y el mencionado programa sale al encuentro de respuestas a los problemas de inequidad de género interpretadas en relación con la realidad nacional y también responde a las reivindicaciones demandadas por grupos sociales marginados.
Con base en el instrumento de planificación contenido en el mencionado programa, dice, se habrán sentado las bases y avanzado en la consecución del cambio estructural profundo que requiere el sector agua mexicano. Se habrá establecido en forma y fondo el sector agua mexicano, articulado a través de mecanismos de transversalidad entre las dependencias, entidades, organismos e instituciones que en forma conjunta deberán integrar dicho sector.
Los elementos de política y administración necesarios para articular una provechosa relación de los tres órdenes de Gobierno en materia de agua ya estarán sentados a través de mecanismos idóneos tales como convenios, acuerdos, reglas de operación, programas especiales con incumbencia territorial determinada, proyectos y acciones específicas en dichas direcciones.
"Más aún, el sector agua mexicano habrá avanzado con éxito en el encuentro de oportunidades y sinergias con la sociedad mexicana bajo distintas directrices, con el propósito de avanzar en el mejoramiento de la gestión y protección de los recursos hídricos de la nación. En ese sentido, se estructurarán mecanismos que faciliten y potencien las relaciones con legisladores, academia, sector privado, organizaciones sociales, medios de comunicación y elementos de educación, comunicación y difusión que enriquezcan al sector en su encuentro de la excelencia en la gestión del agua y en el desarrollo sustentable con base en los recursos hídricos", puntualiza.
Pareciera, pues, que falta congruencia entre el plan y la iniciativa que se habrá de discutir a futuro.
Por lo tanto como cantaba Mercedes Sosa: "Es cosa triste ser río / Quien pudiera ser laguna... / Oír el silbo del junco / Cuando lo besa la luna". "Tu que puedes, vuélvete... / Me dijo el río llorando..."
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